2016 – La libertad de religión o de creencias y la libertad de conciencia en Colombia

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Colombia

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Febrero (2016)

  1. Resumen Ejecutivo

La población de Colombia es predominantemente cristiana y muchos ciudadanos participan en actividades religiosas regularmente sin ningún obstáculo. Sin embargo, un porcentaje significativo de la población está sometida a graves violaciones del derecho a la libertad de religión, creencia y de conciencia. Para la mayoría de la población, estas violaciones ocurren dentro de los conflictos armados. Comunidades indígenas sufren violaciones de sus derechos a la libertad de religión, creencia y de conciencia, y también se han restringido sus derechos por la Corte de Colombia, que ha trabajado en favor de las autoridades tradicionales que tratan de imponer la uniformidad religiosa en sus comunidades.

Aunque se han producido avances significativos en el conflicto, especialmente en forma de diálogo entre el mayor grupo guerrillero de izquierda, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno; violaciones de los derechos humanos, incluyendo ataques contra civiles y graves restricciones a la libertad religiosa, continuos o incluso empeorado en muchas partes del país. El Ejército de Liberación Nacional y varios grupos “neo-paramilitares”, al igual que los Urabeños, también conocido como Clan Usuga, se están moviendo y ocupando territorios hasta entonces controladas por las FARC-EP. Ambos son responsables por graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo violaciones de la libertad religiosa de creencias y de conciencia.

Socios del Christian Solidarity Worldwide en Colombia siguen a documentar violaciones de los derechos humanos que sufren las comunidades de fe, incluyendo cientos de violaciones de la libertad religiosa, de creencias  y de conciencia. Los líderes cristianos son blancos regulares de amenazas de desplazamiento forzado y ejecuciones. Los más jóvenes, incluyendo la juventud cristiana, todavía se ven obligados a unirse a los grupos armados ilegales, incluso cuando tratan de declarar su objeción de conciencia, sobre la base de profundas creencias religiosas. Cristianos convertidos que tratan de dejar los grupos armados se ven obligados a esconderse o mueren. Grupos armados ilegales continúan imponiendo severas restricciones a las actividades religiosas en diversas partes del país, en algunos casos prohíben por completo. Las iglesias son a menudo blanco de extorsión por parte de grupos armados. Por último, en algunas comunidades indígenas, autoridades tradicionales son responsables por cerrar edificios de religiones no convencionales en un intento de forzar a los miembros de estas comunidades a regresar a las creencias tradicionales y prácticas religiosas y forzar el desplazamiento de los que se niegan a hacerlo.

  1. Recomendaciones

2.1. Al gobierno de Colombia:

  • Toma de iniciativa para garantizar el respeto de los derechos relacionados con la libertad de religión, creencia y de conciencia. Esto incluye asegurar que estos derechos establecidos en la Constitución de Colombia y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) sean garantizados a todos los residentes y ciudadanos de Colombia;
  • Establecer un modelo de respeto a los derechos de las normas, y asegurarse de que los hombres y las mujeres que trabajan para el gobierno, incluyendo los líderes del gobierno, miembros de los servicios de inteligencia, militares y policías sigan estrictamente el derecho internacional humanitario y atiendan a las normas internacionales de derechos humanos, entre ellos los relacionados con la libertad de religión, creencia y de conciencia;
  • A través de las oficinas del Procurador General de la Unión, iniciar y realizar investigaciones de los homicidios, los ataques y las amenazas a los líderes religiosos, incluyendo los casos de desaparición forzada; además de ofrecer seguridad y protección adecuada para los testigos y otras personas que denuncian violaciones de derechos humanos;
  • Aumentar la ayuda y el apoyo a las comunidades desplazadas internamente y también asegurar que los gobiernos regionales y locales sean los encargados de la recaudación de fondos y otras formas de asistencia a las personas desplazadas internamente (PDI) a través de sus oficinas y agencias.
  • Asignar recursos suficientes para proceder a un soporte eficaz y protección a los miembros de los grupos armados ilegales que estén de acuerdo a renunciar a ellos como parte del proceso de paz, y aceptar a comprometerse con los grupos de la sociedad civil para crear programas con el fin de apoyar a los desertores en su proceso de reintegración;
  • Reconocer el papel que los grupos “neo-paramilitares” tienen en los conflictos e incorporar los actos de estos grupos a las estadísticas relacionadas con los conflictos globales, como homicidios y desapariciones forzadas;
  • Llevar a cabo investigaciones sobre las denuncias de acciones entre los grupos armados ilegal y funcionarios del gobierno;
  • Implementar mecanismos legales eficaces para la protección de los niños que están bajo la amenaza de reclutamiento forzado por grupos armados ilegales o los que han sido reclutados a la fuerza por estos grupos;
  • Mientras los diálogos de paz continúan y un nuevo diálogo ha sido iniciado por el Ejército de Liberación Nacional, se combinan los esfuerzos para incorporar la sociedad civil, incluyendo los grupos religiosos mayoritarios y las víctimas de los actores en conflicto con papel activo en los diálogos. La verdad y la justicia deben ser una parte integral del Acuerdo;
  • Defender el derecho de libertad de conciencia y dejar de castigar a los individuos y las comunidades que se niegan a participar en actividades contrarias a sus creencias y valores.

2.2. A los actores armados

    • Qué bajen sus armas, cesen todas las actividades ilegales y busquen una solución negociada al conflicto. A medida que continúan las hostilidades a Christian Solidarity Worldwide pide a todos los actores armados a respetar y seguir las leyes del derecho internacional humanitario y cumplir con las normas de derechos humanos;
    • Todas las partes en el conflicto deben tratar de poner en práctica medidas para garantizar que la libertad de religión, creencia y de conciencia y el respeto por los lugares de culto, sean respetados en todas las partes del país. Esto incluye permitir que las iglesias, que se han visto obligadas a cerrar sus puertas, sean reabiertas, garantizando los derechos de las comunidades religiosas a unirse con fines religiosos en todas las partes del país;
    • dejar de perseguir a líderes de la iglesia y permitir realizar su trabajo sin ningún obstáculo;
    • Todas las partes involucradas en el conflicto deben cesar de inmediato la realización de reclutamiento forzado de menores y adultos;
    • Respetar el derecho a la libertad de conciencia y dejar de castigar a los individuos y las comunidades que se niegan a participar en actividades ilegales o actividades contrarias a sus creencias y valores.

2.3. Al gobierno de los EE.UU.

  • La adopción de medidas eficaces para reorientar la ayuda exterior dirigida a Colombia para proyectos que promueven la paz y el desarrollo en beneficio de la población civil y que no sirve de ayuda militar. La ayuda exterior de Estados Unidos debe apoyar el proceso de paz y la aplicación de los acuerdos de paz;
  • La ayuda a la reestructuración debe centrarse en el retorno seguro y sostenible a la tierra de los desplazados y refugiados, incluyendo el proceso de remoción de minas de las regiones; la integración de la ayuda ofrecida a las comunidades de desplazados que no desean regresar a sus lugares de origen; y la planificación de los programas de desarrollo económico alternativo en asociación con las comunidades locales. En el marco del programa de ayuda existente, los Estados Unidos deberían proporcionar fondos para el desarrollo de más programas de protección de los derechos humanos, incluidos los líderes religiosos, comunidades reestructurados y comunidades en situación de riesgo;
  • Reconociendo que los que participaron en actos violentos solicitaron el apoyo, la ayuda de Estados Unidos también deberá apoyar la reintegración de los miembros que abandonan los grupos armados ilegales y la prestación de servicios sociales, incluyendo el apoyo psicológico y educativo para los niños soldados;
  • Desarrollar una estrategia de asistencia que ayudará a prevenir un retorno a la violencia a través de un soporte de un sistema jurídico reforzado, una comisión de la verdad independiente y un mecanismo independiente de verificación de las confesiones y cumplimiento de los acuerdos de paz;
  • Reconocer la importancia de mantener un diálogo con las comunidades religiosas colombianas, incluyendo organizaciones protestantes y católicas, asociaciones de víctimas y de las organizaciones civiles en el proceso de reconciliación mientras ellos ayudan a las víctimas;
  • Asistir en la reintegración de los ex guerrilleros, proporcionando apoyo a los niños soldados en el restablecimiento de las estructuras sociales de sus comunidades locales;
  • Continuar con la vigilancia de la libertad de religión, creencia y de conciencia en Colombia en la esfera del acto Internacional de Libertad Religiosa y regularmente plantear esta cuestión con el gobierno de Colombia, alentando al gobierno a tomar medidas proactivas para proteger la libertad de religión, creencia y la conciencia de todos los ciudadanos colombianos.

2.4. La Unión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea

  • La medida que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo y el Gobierno de Colombia continúan el diálogo hacia un acuerdo de paz, la UE debe buscar la manera de ayudar a este proceso al obligar a las partes para incorporar los acuerdos de paz las preocupaciones y los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidos por ambos lados;
  • Mantener cantidades sustanciales de ayuda humanitaria y de desarrollo proporcionado a Colombia cada año, que en gran medida se ha dirigido a “laboratorios de paz” y apoyo a las personas desplazadas, sea garantía también de ayuda ofrecida que alcance en su totalidad las poblaciones deseadas;
  • Fomentar el Gobierno de Colombia a buscar medidas eficaces para apoyar las poblaciones desplazadas;
  • Aunque reconociendo los esfuerzos que la Unión Europea hace para involucrarse con los representantes de la sociedad civil en Colombia, y en particular su compromiso en apoyar a los defensores de los derechos humanos dentro de las directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos, la Unión Europea debe garantizar que estas directrices se incorporen en los diálogos entre las diferentes organizaciones religiosas, incluyendo las iglesias protestantes y católicas;
  • Continuar tomando medidas para mejorar la ayuda y la rehabilitación de los niños soldados, teniendo en cuenta las directrices de la Unión Europea sobre los niños y los conflictos armados, y aumentar la asistencia a los organismos y organizaciones que ayudan a los niños que huyen de los reclutamiento forzados por grupos armados;
  • Instruir a sus representaciones en Colombia, incluyendo la Delegación de la Unión Europea y las respectivas embajadas de sus Estados Miembros a continuar a alcanzar grupos de la sociedad civil, teniendo en cuenta las directrices de la Unión Europea sobre Defensores de Derechos Humanos con el fin de garantizar que ellos estén conscientes de estas directrices y su aplicación. La Unión Europea debe tener en cuenta el hecho de que los defensores de derechos humanos llevan la fuente de la documentación de violaciones de derechos humanos y líderes de la comunidad, incluyendo los líderes religiosos que trabajan en regiones volátiles, son particularmente vulnerables, y son también los que no están tan conscientes de estas políticas; y deben buscar la manera de hacer frente a este problema.
  1. Contexto

En 2015, el gobierno de Colombia ha logrado avances significativos en términos de una solución al conflicto que ha durado 50 años, sobre todo por la forma del diálogo en curso entre el mayor grupo guerrillero de izquierda, las FARC-EP y el gobierno. Sin embargo, los grupos de la sociedad civil, incluidas las organizaciones que representan a las instituciones religiosas y grupos de cobertura de las iglesias, plantearon cuestiones relacionadas con la legitimidad y el impacto de los diálogos. Estas preocupaciones incluyen la exclusión de grupos religiosos no católicos y las comunidades de las víctimas que representan estos grupos de usuarios, de foros de la sociedad civil. También hay preocupaciones con respecto a la supervisión y verificación de la verdad y el proceso de justicia que es seguir el acuerdo de paz, que depende de varias confesiones a cambio de sentencias reducidas.

El Ejército de Liberación Nacional expresó su interés en un diálogo similar, pero no está involucrado en cualquier negociación de paz. Se continúa operando en todo el país y parece estar haciendo incursiones en áreas previamente controladas por las FARC-EP. Es preocupante la existencia de otro grupo guerrillero de izquierda, Ejército Popular de Liberación (EPL), que está muy involucrado en el tráfico de drogas y que parecía haber disminuido su actividad en las últimas décadas, pero fue responsable por siete grandes desplazamientos en masa en el 2015, en comparación con ninguno registrado en 2014. El líder del EPL fue asesinado en octubre de 2015.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha reconocido oficialmente la amenaza de seguridad para el crecimiento de los grupos “neo-paramilitares”. Mientras que varios grupos continúan operando en el país, el grupo más poderoso “neo-paramilitar” hoy en día, los Urabeños “, continúa a expandir y consolidar su poder en las regiones de todo el país. Del mismo modo que el Ejército de Liberación Nacional, los grupos “neo-paramilitares” están invadiendo agresivamente áreas previamente controladas por las FARC-EP. En el pasado mes de abril de 2013, el Centro de Inteligencia Integrada en Colombia anunció que Urabeños han crecido más en términos de números que el Ejército de Liberación Nacional, el segundo mayor grupo guerrillero de izquierda en el país.

En 2012, el gobierno del presidente Santos inició una importante legislación relacionada con los derechos de las víctimas y la reforma agraria. La aplicación sigue siendo desigual, especialmente en lo que la seguridad nacional en algunas partes del país sigue empeorando. Algunas de las víctimas y de las comunidades de las víctimas que han tratado de trabajar en conjunto con los programas gubernamentales, que les han ayudado a regresar a sus hogares, reportaron graves problemas de inseguridad y amenazas continuas de los grupos armados que han afectado negativamente a su posibilidad de permanecer en su tierra.

De acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el número de personas desplazadas internamente (PDI) en Colombia ha disminuido significativamente en 2015, alrededor del 33%, mientras que el número de desplazamientos en masa sigue siendo la misma en comparación con 2014.[1]

Hubo 166.000 desplazamientos individuales forzado; De esta cifra, 13.950 eran parte de los desplazamientos masivos. Grupos criminales o “neo-paramilitares” fueron responsables de 53% de los desplazamientos individual internos, mientras que los grupos guerrilleros fueron responsables del 47%. Cabe destacar que el número de desplazamientos en masa realizados por el ELN y el EPL creció significativamente, mientras que los cometidos por grupos “neo-paralimilitares” disminuyeron ligeramente y el número de desplazamientos masivos causados por las FARC-EP casi se ha reducido a la mitad.

Las entrevistas realizadas por Christian Solidarity Worldwide con las víctimas indican la existencia de conexiones preocupantes entre los diversos grupos armados ilegales, por lo que es difícil en algunos casos identificar definitivamente qué grupo ha sido responsable por el desplazamiento forzado y otras violaciones de derechos humanos. En otro caso, un pastor desplazado por la fuerza en 2015 mostró las amenazas recibidas por escrito dirigida a la Comisión, que viene de los comandantes del ELN y las FARC-EP que operan en la región, lo que sugiere fuertemente el trabajo en conjunto de los dos grupos en la misma zona. En otro caso, en otra parte del país, la CSW recibió copias de una amenaza general realizado a principios de 2016 contra los pastores de la región; una amenaza que aparentemente parece haber sido enviado por los grupos “neo-paramilitares” personificando guerrilleros. Esto puede causar confusión, aumentando los temores de la población que no sabe de dónde vienen estas amenazas, lo que dificulta su documentación y la respuesta a los casos urgentes.

  1. Las restricciones a la libertad de religión o de creencias

Cristianos colombianos en algunas regiones, en particular en las zonas de conflicto y áreas controladas o impugnadas por los grupos armados ilegales continúan experimentando violaciones generalizadas de moderada a grave, a la libertad de religión, creencia y de conciencia. Los líderes religiosos en muchas de estas áreas, incluyendo los departamentos del Arauca, Bolívar, Caquetá, Chocó, Cauca, Córdoba, La Guajira, Guaviare, Meta, Norte de Santander y Santander informan que la situación general de seguridad y el respeto de los derechos humanos, incluyendo la cuestión concreta de la libertad de religión, creencia y de conciencia, sigue siendo difícil o continúa deteriorándose en el último año. Las conversaciones de paz entre las FARC-EP y el gobierno aún no se ha traducido en una mejora con respecto a la libertad de religión, creencia y de conciencia en las zonas bajo control de las FARC-EP; en cambio, los líderes de la iglesia informaron de amenazas y ataques en curso.

En algunas regiones, la actividad religiosa fue prohibida o severamente restringida por los grupos armados ilegales. Las FARC-EP y el ELN, en particular, tienen una larga historia de persecución de grupos religiosos o individuos en las zonas bajo su influencia o control. En algunos casos se prohibió toda actividad cristiana. Durante el transcurso del conflicto de 50 años, cientos de líderes de la iglesia que desafiaron las restricciones y continuaron ejerciendo su ministerio, de forma abierta o clandestinamente, se han convertido en objetos de asesinato por parte de ambos grupos.

Entre ellos se destacan el Rev. Manuel Camacho, quien fue muerto en la región de Guaviare en 2009, y los pastores Humberto Méndez y Joel Cruz García, ambos asesinados en el Huila en 2007; los tres pastores desafiaron abiertamente las restricciones de las FARC-EP sobre la predicación y la evangelización. Pastores en Arauca, Norte de Santander, al sudeste de Córdoba y norte de Antioquía fueron sacados a la fuerza por el ELN o grupos neo-paramilitares en 2015. A principios de 2016, la CSW entrevistó a algunos de estos pastores recientemente trasladados en el nordeste de Antioquia, Arauca, Bolívar y sudeste de Córdoba, quien dijo que se hicieron blanco específicamente por el grupo armado ilegal debido a sus actividades religiosas.

En otras áreas, sin imponer una prohibición general de la práctica del cristianismo, los dos grupos guerrilleros han impuesto por otro lado severas restricciones a la libertad de religión o de creencias. En 2013, un documento publicado en la región sureste de Putumayo por las FARC-EP, llamado el “manual para la coexistencia ‘, fue divulgado. Los socios de CSW en Colombia informan que el manual se encuentra todavía en uso hoy en día. El manual restringe la construcción de capillas evangélicas en las zonas rurales y afirma que “los pastores y sacerdotes sólo asegurarán a sus fieles en las iglesias en la capital ‘.

Según los informes, sacerdotes y pastores de la región que han intentado dirigir el ministerio en las ciudades y pueblos fuera de las capitales municipales fueron amenazados o desplazados por la fuerza. Restricciones similares están en vigor en otras partes del país que todavía están bajo la influencia de FACR-EP, y en las zonas bajo el control de la NLA, incluyendo Arauca, Norte de Santander, Chocó, Bolívar, Sucre, Córdoba, Cauca y Antioquia. Líderes de la iglesia en algunas zonas urbanas, incluyendo los sectores más pobres de Medellín y Bogotá, también han informado de un aumento constante de la violencia y otras violaciones de derechos humanos, incluida la libertad de religión o de creencias.

Todos los grupos armados ilegales tienen como parte del plan dirigirse a los líderes de la sociedad civil, especialmente los líderes religiosos, tratando de obligarlos a cooperar, como parte de su estrategia para hacer que las comunidades enteras estén bajo su autoridad y control. Todos los grupos también imponen normas estrictas que prohíben la libre circulación en las zonas bajo su control o influencia. Esto da lugar a las infracciones constantes sobre la libertad de reunión y la libertad de religión para las personas en estos lugares. La CSW recibió informes de que varios grupos también están tratando de cooptar a los fondos de la iglesia, por medio de extorsión de las iglesias y sus líderes, además de las reuniones obligatorias de adoctrinamiento, que advierten a los cristianos que la falta de cooperar activamente los haría considerados enemigos y objetivos legítimos para asesinato.

  1. Los ataques contra los líderes religiosos

El trabajo de un líder de la iglesia, o pastor o sacerdote, es particularmente peligroso, y los informes de las Organizaciones de las Naciones Unidas a través de varios informes especiales, han nombrado representantes de la iglesia como una categoría de defensor de los derechos humanos bajo una amenaza particular. Líderes de la Iglesia, sobre todo en las zonas rurales, a menudo tienen un papel de liderazgo dentro de la comunidad, no sólo dentro de la iglesia. Como se mencionó anteriormente, cientos de líderes religiosos fueron asesinados por grupos armados ilegales desde el año 2000. Además de estos asesinatos selectivos, muchos líderes de la iglesia fueron removidos a la fuerza, mientras que otros viven y trabajan bajo la amenaza constante. Es probable que el rechazo a los líderes religiosos por los grupos guerrilleros de izquierda puede tener sus raíces en una antipatía ideológica de la religión, también hay una razón más práctica detrás de estas violaciones – un motivo compartido por los grupos neo-paramilitares. Todos estos grupos, de izquierda y derecha, operan sobre la base del control social total en las zonas donde están presentes. La presencia de una iglesia fuerte en crecimiento, cuyos miembros no comparten los valores del grupo armado ilegal, puede ser vista como una amenaza para la autoridad del grupo.

Como le dije a CSW un pastor y líder de la comunidad durante una visita a principios de 2016, “[los neo-paramilitares] miran la iglesia como una amenaza porque nuestra iglesia ha fortalecido la comunidad.” Del mismo modo, un líder de la iglesia que predica los principios bíblicos también se puede encontrar en conflicto directo con un grupo armado ilegal que está empujando a la población local a cooperar de manera pasiva o activamente en sus actividades ilegales y, a menudo violentas. Otro pastor, quien recientemente fue obligado a huir de una zona controlada por el ELN, dijo que “es peligroso para la [guerrilla] cuando las personas participan en la iglesia. La gente cambia. Se despiertan y rechazan las ideas de la guerrilla. Los cristianos son peligrosos”.

Este es un problema particular en los pueblos rurales, donde la comunidad en general a menudo ve a los líderes de la iglesia como líderes de la comunidad, como se mencionó anteriormente. Un ejemplo es el Rev. Salvador Alcántara, que se vio obligado a esconderse en varios puntos durante los últimos cinco años, recibiendo amenazas de muerte de grupos neo-paramilitares vinculados al narcotraficante Manuel Enrique Barreto, el nombre clave de Don Pedro. Aunque siga recibiendo amenazas, actualmente no está escondido y continúa trabajando como pastor en El Garzal, una comunidad en Bolívar. La comunidad fue amenazada en varias ocasiones con los traslados forzosos en masa por el Sr. Barreto, quien afirma que la tierra es para él y para los grupos neo-paramilitares. Reverendo Alcántara dijo públicamente en muchas ocasiones que siente que como cristiano y pastor es su deber permanecer en su comunidad ejerciendo liderazgo en la búsqueda de la justicia. Pastores en otros pueblos de la región están amenazados por razones similares.

Mientras que más siguen, las amenazas a líderes de la iglesia y las iglesias no se limitan a las zonas rurales. En enero de 2015, un grande grupo de neo-paramilitares, el Águilas Negras, publicó y distribuyó una amenaza de muerte que se enumeran los nombres de los 39 líderes de la sociedad civil, entre ellos cinco líderes protestantes confesionales Milton Mejía, Germán Zárate y Jairo Barriga (la iglesia Presbiteriana), Fernando Sánchez (la Iglesia Anglicana), y Agustín Jiménez (la Iglesia Mennoite) en la región de la costa atlántica a principios de 2016. La amenaza también mencionó “todas las iglesias evangélicas en las ciudades de Barranquilla y Sincelejo como objetivos; esta es la primera vez que llega a la atención de la CSW que un grupo neo-paramilitar hizo una amenaza directa para las iglesias en general en un área en particular. Los socios de la CSW creen que la amenaza fue emitida en razón del fuerte ministerio social, de los individuos y las personas mencionadas, con las víctimas de los conflictos armados en la región, incluyendo personas evacuadas Internamente (IDP1s).

  1. Violaciones de la libertad de conciencia

Agregando a los actos específicos de violencia contra los líderes de la iglesia, los cristianos en general también pagan un alto precio por las acciones arraigados en su fe. Jóvenes y adultos cristianos rechazan los intentos de reclutamiento forzado por grupos armados ilegales por razones de conciencia, y convertidos al cristianismo desean dejar los grupos armados y deben ser escondidos para evitar ser asesinados. Las familias y comunidades cristianas que resisten a las demandas de los grupos armados ilegales, incluido el pago a cambio de protección y la participación en el comercio ilegal de drogas, que encuentran incompatible con su fe, a menudo se enfrentan a graves consecuencias. La mayoría de estas víctimas son de las comunidades históricamente marginadas y tienen poca voz pública. Un porcentaje significativo son los campesinos, agricultores de subsistencia a pequeña escala, que viven en zonas rurales del país, y muchos son de comunidades africano-colombianos e indígenas.

La extorsión es una práctica sistemática en el país, de prácticamente todos los grupos armados ilegales, y es un grave problema tanto para las iglesias y para los miembros individuales de la iglesia que se convierten en objetivos. Durante la visita de la CSW a Colombia a principios de 2016, docenas de pastores en Arauco, Cauca, al sur de Córdoba y noreste de Antioquia, informaron que ellos o sus iglesias estaban siendo extorsionados por grupos armados ilegales. Líderes de la iglesia que se niega a entregar las donaciones de la iglesia, porque entienden que son sagrados, a menudo se encuentran en peligro; muchos son desalojados por la fuerza de las comunidades como resultado de la falta de cooperación. Un pastor expresó una posición común a varios otros líderes de la iglesia: “No voy a contribuir con el dinero de Dios para financiar una guerra de 60 años.

Mientras que los cristianos individuales están frecuentemente extorsionado no específicamente debido a sus creencias religiosas, estas creencias a menudo les obliga a negarse a cumplir con las demandas de los grupos armados ilegales, y esto los pone en riesgo particular. En febrero de 2015, un profesor de 74 años en el Seminario Bautista en Cali recibió una llamada de un hombre que se identificó como miembro del grupo neo-paramilitar Rastrojo y exigiendo 8 millones de pesos, aproximadamente 1,700 libras, para comprar municiones para el grupo. Él le dijo al maestro que en negándose a pagar, sería considerado un objetivo militar y su familia estaría en riesgo de asesinato. El maestro se negó a cooperar de inmediato debido a sus convicciones religiosas profundas. Otros enlaces repitieron la amenaza de asesinato y se le dio al maestro 72 horas para abandonar la ciudad. Mientras que el profesor tomó un acto de valor, pero por desgracia demasiado rara, para rellenar un formulario de policía informando del intento de extorsión, él y su familia finalmente se vio obligado a huir de la ciudad y restaurar en otro lugar.

Por desgracia, los agentes estatales colombianos están regularmente culpables de violar la libertad de conciencia. La corte constitucional ha emitido numerosas normas, más recientemente, en enero de 2015 en el caso de Reinaldo Aguirre Bernal, que afirman que el derecho a la objeción de conciencia por motivos religiosos al servicio militar obligatorio está protegido por la Constitución y las prácticas de las fuerzas militares de reclutamiento forzado puede definirse como la detención arbitraria y están prohibidas por el derecho internacional y colombiana. Sin embargo, las fuerzas militares siguen rutinariamente para violar sistemáticamente la ley y lleva a la fuerza el reclutamiento de hombres jóvenes que tienen fuertes creencias religiosas que los prohíben de utilizar las armas. Después de un estudio y las recomendaciones de la Oficina Nacional de Ombudsman de las recurrentes violaciones de la libertad de consciencia, se hicieron esfuerzos en 2015 para crear una legislación que establece los parámetros legales de ese derecho; Por desgracia, la legislación no fue aprobada en el Congreso de Colombia.

En enero, Oscar Suárez, un miembro de la iglesia menonita, que históricamente ha mantenido una fuerte doctrina pacifista, fue detenido arbitrariamente por el Ejército Nacional durante el viaje de autobús de Villavicencio, Meta, hacia Bogotá. Oficiales del ejército detuvieron el vehículo y pidieron documentos de identidad y aunque no tenían ningún orden administrativa o legal, obligaron el señor Suárez a embarcarse en un camión militar utilizado para reclutar hombres sin papeles que prueben el servicio militar. El joven le dijo al ejército que era un objetor de conciencia, un estudiante universitario y un estudiante de estudios religiosos (todos los motivos legales de diferimiento de aranceles), pero no se tomó en cuenta y fue en contra de su voluntad a una base del ejército.

En la base, los funcionarios militares informaron al Sr. Suárez que había roto la ley porque no había preparado su situación militar, ignorando el hecho de que se había presentado voluntariamente a una ubicación en múltiples ocasiones, sin resolución. Fue detenido por la fuerza por un día y obligado a someterse a exámenes médicos, declarado apto para el servicio y amenazado de inducción forzada a unirse al ejército. Por último, aunque el ejército continuó negándose a reconocer su derecho a la objeción de conciencia, el Sr. Suárez fue capaz de demostrar que es actualmente un estudiante y fue puesto en libertad por esta razón, a pesar de su situación militar sigue siendo “no fijado ‘, dejándolo vulnerable a la detención arbitraria futura y el reclutamiento forzado.

Como se mencionó anteriormente, los grupos armados ilegales también practican el reclutamiento forzado de civiles, y muchas veces de niños, en sus tropas. Durante la visita de la CSW a Colombia a principios de 2016, los líderes de iglesias en zonas donde hay una alta presencia de grupos armados ilegales, dijo que este es un problema recurrente, sobre todo con los grupos ELN y neo-paramilitares, que están empujando a los jóvenes y las mujeres de sus iglesias en un intento de reclutar a ellos. CSW también escuchó de un pastor en el sureste de Córdoba que a pesar de un discurso pronunciado por el líder de las FARC-EP de congelar la contratación, que al parecer fue recibido en la mayor parte del país, el batallón local de la FARC-EP se siguen reclutando bajo la fuerza a los jóvenes, incluyendo al menos uno de su iglesia.

  1. Violaciones de libertad religiosa en las comunidades indígenas

Los miembros de las comunidades indígenas en Colombia continúan sufriendo violaciones sistemáticas de la libertad religiosa. Estas violaciones tienen su origen en gran medida en la regla de la corte constitucional en 1998 que confirmó el derecho de las autoridades tradicionales para imponer la observación y la participación en las creencias y prácticas religiosas tradicionales en las reservas indias. La misma corte y los tribunales inferiores han referido a la decisión de 1998 en el caso de la libertad religiosa posterior, reafirmando el derecho de gobernadores indígenas en prohibir la práctica de ciertas religiones en las reservas indígenas.

En algunas comunidades, las autoridades tradicionales han tomado esta regla en el sentido de que tienen la autoridad para castigar a los que se niegan a tener o participar en las creencias tradicionales. Los individuos y grupos que siguen religiones no tradicionales se han convertido en objetivos particulares. Las expulsiones forzosas por las autoridades tradicionales de los cristianos protestantes en las comunidades arhuacos y Kogi en 1998, 2007 y 2009, respectivamente, aún no se han resuelto. Además, durante el año pasado, CSW sigue recibiendo informes de cierre forzados de iglesias, amenazas de violencia, amenazas de desplazamiento forzoso y el uso del castigo corporal en las personas que se niegan a reconvertir los sistemas de creencias tradicionales en varias comunidades indígenas incluyendo Arhuaco, Kogi, Wounaan, Embera Kartio y la Nasa.

En 2013, siete familias cristianas de la reserva Talaga Nasa en el Cauca, fueron amenazados con la destrucción de sus hogares. La situación ha empeorado desde abril de 2009, con una orden de las autoridades tradicionales que las familias deberían ser removidas de sus tierras y expulsadas de la comunidad. Las familias se niegan a salir de sus casas; sin embargo, su tierra productiva fue confiscado por autoridades locales esencialmente les privan de sus medios de vida. En 2012, las autoridades locales han cerrado por la fuerza la iglesia local y expropiaron todos los recursos de la congregación, incluyendo el equivalente a 500 libras, los instrumentos musicales de los vasos sagrados y los utensilios de la cocina. Según un testigo, “este era el objetivo: evitar que se reúnan o hacer cultos”. Cuando la CSW visitó Colombia a principios de 2016, los líderes cristianos de la etnia Nasa expresaron su preocupación de que la situación sigue siendo tensa en sus reservas, con al menos un grupo grande de la NASA cristianos en Huila en riesgo de expulsión.

Los cristianos indígenas se quedan a menudo bajo presión, no sólo de las autoridades indígenas, pero por los grupos armados ilegales que operan en estas reservas o cerca de ellos. En Cauca, una carta que circula en toda la comunidad de la NASA da un aviso de 15 días antes de que se prohibiera la circulación entre las comunidades, y especifica que los pastores de diferentes denominaciones estarán sujetos a la prohibición. La carta afirma explícitamente que sus “hombres de guerra ‘van a utilizar sus armas para castigar a los que no obedezcan el orden, y carga la cabecera y la firma ‘los valles y montañas de Colombia’, por lo que es difícil identificar qué grupo armado ilegal está detrás de las amenazas.

En el sureste de Córdoba, la CSW también entrevistó a los líderes cristianos del grupo Emberia-Katío que fueron desplazados por la fuerza de su reserva en el Nudo de Paramilly por los grupos neo-paramilitares y las FARC-EP, sino que también se ve amenazada por sus propios líderes a la causa de su conversión al cristianismo. El grupo, ahora viviendo como personas evacuadas Internamente (IDP1s) en Tierralta, no cree que el proceso de paz va a facilitar su regreso a sus hogares, y teme que la presencia creciente de los neo-paramilitares en las zonas, diciendo a la CSW, “la guerrilla está haciendo la paz, pero la forma en que lo veo, la paz que está haciendo es para ellos, pero lo hace más complicado hasta ahora”. Ellos expresan preocupación de que el gobierno ha hecho que sea imposible para ellos registraren como personas evacuadas Internamente (IDP1s) en Tierralta y no están recibiendo ayuda. Ellos dijeron a la CSW que temen ‘cuando somos desplazados perdemos nuestra cultura, los jóvenes no quieren ser indígena, se convierten en colombianos comunes, como tú.

  1. Conclusión

La escala de los conflictos y el número de víctimas puede ser abrumadora. Sin embargo, al analizar la situación y calcular los datos demográficos de los hombres, las mujeres y los niños afectados por los conflictos, es evidente que ciertos grupos de personas y comunidades son particularmente blancos de los diferentes grupos armados. Algunos, como los miembros de las comunidades indígenas y afro-colombianos, a menudo son blancos debido a quiénes son y dónde viven. Otros, como los sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos están dirigidos a causa de lo que hacen. Los líderes cristianos y comunidades de fe, y miembros individuales de estas comunidades son objetivos en el país debido a todas estas razones. En algunos casos, ellos son objeto solamente por lo que creen. En otros, son objetivos a causa de cómo estas creencias se reflejan en la forma en que viven.

A pesar de algunos avances y pasos importantes hacia el procesamiento del conflicto armado en 2015, violaciones de libertad religiosa, creencia y de conciencia siguen sucediendo todos los días en Colombia. Estas violaciones son cometidas por todas las partes en el conflicto armado interno, incluyendo FACR-EP, ELN, grupos neo-paramilitares y el ejército colombiano. Sin embargo, debido a las dificultades y peligros para documentar y reportar estos casos, especialmente en el contexto y la aparente libertad de culto de los cristianos en general en muchas partes más visibles del país, la situación es informada de manera parcial y recibe poca atención.

A pesar de los riesgos, los miembros de las comunidades afectadas siguen documentando su sufrimiento y pidiendo que sus derechos humanos fundamentales, garantizados por la Constitución de Colombia y en el derecho internacional sean respetados. El gobierno de Colombia y los grupos armados ilegales deben tomar medidas concretas para garantizar que los derechos de las víctimas estén protegidos y que sus voces y preocupaciones sean intencionalmente incluidas en el proceso de paz y cualquier acuerdo resultante. La comunidad internacional debe estar alerta para cobrar de los diferentes actores del conflicto, incluyendo el gobierno de Colombia.

[1 El gobierno se refiere a estos grupos como una “banda de criminales” o BANCRIM con el fin de diferenciar estos grupos de paramilitares que supuestamente abandonaron el gobierno de Alvaro Uribe. Esto también permite que el gobierno niega las violaciones de los derechos humanos, incluyendo el desplazamiento forzado, cometidos por estos grupos de estadísticas oficiales sobre el conflicto. Sin embargo, la CSW y sus socios locales utilizan el término “grupo neo-paramilitares”, mientras que la creencia de que este término describe con mayor precisión el origen de estos grupos, que están compuestas y dirigidas por miembros de grupos paramilitares en gran medida, supuestamente desertores, y también destaca su papel central como actores del conflicto armado.
2 InSight Crime, ‘”Urabeños ahora tiene más miembros que el ENL”‘, 30 de Abril 2013 www.insightcrime.org/news-briefs/urabenos-now-have-more-members-than-eln]

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Fuente de referencia: Christian Solidarity Worldwide (CSW)
Traducción: FIAJC

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