NOTA PUBLICA SOBRE EL NUEVO CÓDIGO DE SISTEMA PENAL DE BOLIVIA

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(Aquí la nota en PDF)

La Federación Inter Americana de Juristas Cristianos (FIAJC) y la Asociación Boliviana de Juristas Cristianos (ABOJUC) emiten la presente Nota Pública sobre las disposiciones del Nuevo Código del Sistema Penal de Bolivia, promulgado el 15 de diciembre y que entrará en vigencia en 18 meses, que tratan de incorporación de grupos religiosos en la tipificación del delito de trata de personas.

  1. Resumen de los sucesos

Dentro de la intervención del gobierno de turno se acordó crear un nuevo código de materia penal, sustentado en que el actual código Penal tiene más de treinta años en vigencia, creada en la época de las dictaduras fuera de la realidad nacional, abrazando la ardua tarea de la elaboración de un nuevo código, un nuevo sistema con su procedimiento.

Después de elaborada el proyecto de ley y finalmente concluida, fue presentada conforme a la legislación Boliviana a las dos cámaras, la cámara de diputados y la cámara de senadores, donde la revisión de cada artículo de la ley está sujeta a votación, siendo revisada, debatida y aprobada por la mayoría de votos, elevada al presidente del estado Boliviano como última instancia, el 15 de diciembre del año 2017 fue finalmente promulgado el nuevo código de sistema penal Boliviano, entrando tácitamente al periodo de adecuación ejecutorial.

La oposición al gobierno de turno afirma que este proyecto de ley fue construido en silencio con una diligencia exorbitante y una rapidez impresionante, debido a los intereses del gobierno en vista de las futuras elecciones presidenciales, engranando perfectamente con el tiempo de adecuación que consta de 18 meses después de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado Boliviano.

Inmediatamente promulgado el nuevo código de Sistema penal boliviano se levantaron en protesta diferentes sectores de la población, que de una u otra manera sienten vulnerados sus derechos con las sanciones establecidas en algunos de los 681 artículos del nuevo Código del Sistema Penal.

  1. Protección Internacional de la Libertad de Religión o Creencia

La libertad de religión o creencia es un derecho humano protegido por los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, a nivel global (Sistema ONU) e regional (Sistemas Europeo, Interamericano e Africano).

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que ha sido interpretada como fuente de obligaciones de derecho internacional para los Estados miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA)[1], dentro los cuales está Bolivia, contiene una importante disposición en su artículo III:

Toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado.

La Convención Americana de Derechos Humanos, el documento de derechos humanos más importante del hemisferio, ratificada por Bolivia en 06/20/1979 se refiere a la libertad religiosa en su artículo 12:

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
  2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.
  3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.
  4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Los sujetos obligados son tanto los particulares como el Estado. Sin embargo, este último tiene una función especial ya que, según las disposiciones generales de la Convención, debe adoptar las actuaciones necesarias para garantizar su libre y pleno ejercicio (artículo 1.1). Estas actuaciones incluyen las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para la efectividad de los derechos (artículo 2). Esto implica a los gobiernos no sólo un deber negativo de abstenerse de violar el derecho en cuestión, sino también un deber positivo de adoptar las medidas necesarias y razonables, según las circunstancias, para garantizar su goce efectivo. Así, una violación de la libertad religiosa cometida directamente por el Estado podrá acarrear su responsabilidad internacional[2].

  1. No discriminación por motivos religiosos

La Carta de la OEA hace una enunciación, en el artículo 3 inciso l, en el sentido de que los Estados parte reconocen los derechos humanos fundamentales que se comprometen a respetarlos sin discriminación, entre otros motivos, por razón de credo. Asimismo, el artículo II de la Declaración Americana.

Al igual que la Declaración, la Convención establece el principio de no discriminación en el goce de los derechos por ella reconocidos en su artículo 1.1. El contenido es el mismo: se prohíbe la discriminación en el goce de los derechos fundamentales reconocidos, por razón de las convicciones religiosas de la persona.

La Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981, afirma:

Artículo 2

  1. Nadie será objeto de discriminación por motivos de religión o convicciones por parte de ningún Estado, institución, grupo de personas o particulares.
  2. A los efectos de la presente Declaración, se entiende por “intolerancia y discriminación basadas en la religión o las convicciones” toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
  1. Consideraciones de la FIAJC sobre los artículos del Código Penal que tratan de los grupos religiosos

4.1 Inicialmente, cabe destacar que el Código Penal trae dispositivos que afectan no sólo a grupos religiosos, sino también a otros grupos sociales, como médicos, transportistas y periodistas. Con efecto, uno de los principales sectores que han mostrado su gran descontento fue el sector de salud, entrando en movilizaciones inmediatamente. El jueves pasado, tras 47 días de movilización, la presión de los médicos obligó al presidente Evo Morales a ceder y a solicitar a la Asamblea Legislativa que derogue los artículos 137 y 205del Código del Sistema Penal que viola varios aspectos de la Constitución y tratados internacionales suscritos por Bolivia en relación a la inviolabilidad del derecho al trabajo y establecían sanciones duras a la negligencia profesional[3].

Además, a pesar de las duras críticas de diversos sectores movilizados sobre la eliminación de delitos contemplados en el antiguo código, como ser: Aborto, Eutanasia, bigamia, consumo de drogas ilícitas, entre otras, el principal objeto de análisis en esta Nota es respecto a la mención a grupos religiosos en la tipificación del delito de trata de personas y sus peligros y violaciones a la libertad de religión o creencia.

4.2 Entre las disposiciones del Nuevo Código Penal de Bolivia, el artículo que consideramos más problemático en lo que se refiere a la libertad de religión o creencia es el artículo 88, que trata del crimen de trata de Personas, in verbis:

ARTÍCULO 88. (TRATA DE PERSONAS).
I. Será sancionada con prisión de siete (7) a doce (12) años y reparación económica la persona que, por sí o por terceros, capte, transporte, traslade, prive de libertad, acoja o reciba personas con alguno de los siguientes fines:

I I.Reclutamiento de personas para su participación en conflictos armados o en organizaciones religiosas o de culto;

II. En igual sanción incurrirá, quien por cuenta propia o por terceros, encubierta u ostensiblemente financie posea o administre, casas, locales o establecimientos donde se facilite, contribuya o promueva actividades para los fines ilícitos descritos en el Parágrafo precedente.

La primera preocupación, que en verdad nos trae verdadera perplejidad, es la equiparación que se hace entre organizaciones religiosas y grupos armados, desconsiderando la importancia e histórica contribución de grupos religiosos a la pacificación social, no sólo en Bolivia, sino en todos los países de la región América Latina. En verdad, es el desprecio y la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión que han causado directa o indirectamente guerras y grandes sufrimientos a la humanidad.

La disposición en comento viola la libertad de manifestación religiosa prevista en los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. El artículo dice que comete el crimen de trata de personas quien: capte, transporte, traslade, el acoja el reciba personas, con el fin de participación en organizaciones religiosas el de culto. Esto significa que pueden ser castigados: a) quienes ejerce actividades de proselitismo, en público o privado, porque están “captando personas”; b) quien transporta a una persona de su casa a su Iglesia o templo religioso, o simplemente la invite a la iglesia; c) Quien acoja o reciba personas para que participen de una organización religiosa o culto, o sea, cometería este delito pastores, rabinos, sacerdotes, padres, líderes, etc.

El parágrafo II del art. 88 impondrá igual sanción, es decir prisión de 7 a 12 años y reparación económica, a quien: financie posea o administre, casas, locales, o establecimientos donde se promueva actividades de trata de personas – que incluye organizaciones religiosas o culto. Esta disposición viola claramente la libertad de culto, es decir, la posibilidad de que las personas se reúnan para la realización de ritos y ceremonias religiosas.

Además, viola claramente la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones:

Artículo 6

De conformidad con el artículo 1 de la presente Declaración y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 1, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de convicciones comprenderá, en particular, las libertades siguientes:
a) La de practicar el culto o de celebrar reuniones en relación con la religión o las convicciones, y de fundar y mantener lugares para esos fines;
f) La de solicitar y recibir contribuciones voluntarias financieras y de otro tipo de particulares e instituciones;

Se resalta, en este sentido, que es posible a los Estados restringir la libertad de manifestación religiosa, siempre que las limitaciones estén “prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.” (Artículo 12 – Convención Americana). A pesar de obedecer el requisito de ley formal, ese dispositivo no atiende a los demás requisitos, es decir, las bases que justifican las restricciones al derecho no están claramente establecidas y no hay un interés público imperativo que justifique la medida, por lo tanto, una violación del derecho de libertad de religión o creencia.

Además, según lo ha dicho la Corte Interamericana, para que un derecho humano fundamental sea limitado, hay que demostrar no sólo la proporcionalidad entre medios y fines, sino que el fin perseguido no puede ser alcanzado por otros medios menos restrictivos del derecho[4]. Claramente, para alcanzar el fin perseguido, la seguridad pública, hay otros medios menos restrictivos a la libertad de religión.

Por último, este dispositivo de la ley tiene un carácter discriminatorio basado en motivos religiosos. Esto porque se elige el fenómeno religioso como blanco de una política estatal arbitraria. En términos prácticos, si un individuo transporta, acoge o recibe a otras personas para fines deportivos, artísticos, culturales, estará dentro de la ley, pero si realiza los mismos actos para fines religiosos, resultará en crimen y someterá a los individuos a duras sanciones penales.

La religión o las convicciones, para quien las profesa, constituyen uno de los elementos fundamentales de su concepción de la vida y que, por tanto, la libertad de religión o de convicciones debe ser íntegramente respetada y garantizada.

Cordialmente, en nombre del Consejo Directivo de la FIAJC e de la ABOJUC, es que suscribimos la presente Nota Pública,

Montevideo, 10 de Enero de 2018.

Uziel Santana dos Santos
Presidente
FIAJC
www.fiajc.org

Harold Melgar
Presidente de  ABOJUC – Asociación Boliviana de Juristas Cristianos

AAAC –Asociación Argentina de Abogados Cristianos:
ACAES – Acercamiento Cristiano de Abogados de El Salvador:
Advocates Chile – Agrupación de Abogados Cristianos
AGANC – Asociación Guatemalteca de Notarios y Abogados Cristianos
AJC – Alianza de Juristas Cristianos de Puerto Rico
FUCOL JURIS – Fundación Colombiana de Juristas Cristianos
ANAJURE – Asociación Nacional de Juristas Cristianos
ANANC – Asociación Nacional de Abogados y Notarios Cristianos
Asociación Mexicana de Abogados Cristianos “Impulso 18”
Asociación de Abogados Cristianos de Paraguay
Confraternidad Cubana de Abogados Cristianos
FACE – Fundación de Abogados Cristianos de Ecuador
Instituto Jurídico Cristiano – Uruguay

[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos: Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, opinión consultiva 10/89 (14/07/1989), párrafos 35–45.

[2] ARLETTAZ, Fernando. La libertad religiosa en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Revista Internacional de Derechos Humanos, V. 1, 2011, p. 44.

[3] ARTÍCULO 205. (DAÑO A LA SALUD O INTEGRIDAD FÍSICA POR MALA PRÁCTICA). I. La persona que, en el ejercicio de su profesión, oficio o actividad, cause daño a la salud o integridad física de otra persona, por infracción a un deber objetivo de cuidado, por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los protocolos, reglamentos o los deberes inherentes al ejercicio de su profesión, oficio o actividad, será sancionada con reparación económica y cumplimiento de instrucciones judiciales. II. La sanción será de prisión de dos (2) a cuatro (4) años, reparación económica e inhabilitación, si a consecuencia de la acción culposa se causa lesiones graves o gravísimas; en tanto que, la sanción será de prisión de tres (3) a seis (6) años, reparación económica e inhabilitación, si se causa la muerte. III. Las sanciones previstas en los Parágrafos precedentes, serán agravadas en un tercio, tanto en el mínimo como en el máximo, si la culpa es temeraria.

[4] Corte IDH: La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), opinión consultiva 5/85 (13/11/1985), p. 46.

FIAJC

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